PT-Convergencia: el sello AMLO
Fuente:
CNEE-sur.net
(3/07/09)
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Alejandro Jiménez
Bajo la consigna de que “la nación ha perdido rumbo”, la coalición
de los partidos del Trabajo y Convergencia presenta para estas
elecciones una plataforma electoral común, que dice buscar un
espacio formal en el Congreso de la Unión para impulsar leyes que
reorienten la política económica y rediseñen el Estado democrático
mexicano desde la izquierda del espectro político.
Los 258 objetivos del documento abordan temas económicos, políticos
y sociales, muchos de los cuales son comunes a la retórica de todos
los partidos políticos y con los que es difícil estar en desacuerdo:
combate a la corrupción; gobierno austero; mejor seguridad pública;
incremento del poder adquisitivo del salario; respeto a derechos
humanos; educación de calidad; protección al medio ambiente;
etcétera. Los matices y las diferencias con otros partidos están en
los detalles.
En materia de seguridad pública, por ejemplo, parte de un
diagnóstico basado en que la política de combate frontal a las
organizaciones del crimen organizado emprendida por el gobierno
federal es errática y no ha funcionado. A esto la plataforma
argumenta que el origen de la delincuencia es la mala política
económica, porque considera que ésta es el caldo de cultivo del
crimen al alimentar la pobreza y la falta de oportunidades. “En
sociedades en las que se promueve el bienestar de todos, sin
exclusiones, el crimen disminuye de manera drástica”.
Propone una reforma al sistema de impartición y administración de
justicia, un sistema penitenciario que en verdad rehabilite a los
reos, pero nada de lucha frontal a los cárteles de la droga o a
bandas de secuestradores, no propone acciones emergentes en función
de un escenario excepcional ni propone reformar el diseño
institucional de la seguridad pública.
PT y Convergencia son enfáticos en la crítica al modelo económico
actual que, dicen, privilegia el afán de lucro y la especulación,
provocando desigualdad extrema, beneficio para pocos y altos niveles
de desempleo. Se refieren en varios momentos a la defensa de la
soberanía energética nacional como prioridad de la plataforma. “El
gobierno pretendió subastar los hidrocarburos, patrimonio de México.
No permitiremos que las transnacionales desmantelen Pemex y se
apropien del patrimonio de todos los mexicanos”.
Para estos partidos no hay duda de que el Estado debe ser el
efectivo rector de la economía y quien ha de fomentar la
recuperación usando el gasto público en infraestructura como el eje
del crecimiento. Está por mantener la tasa cero de IVA en alimentos
y medicinas, así como por establecer un nuevo pacto fiscal, que
revise participaciones federales a estados y municipios, reconsidere
el IETU y corrija el ISR.
Considera prioritario voltear los ojos al campo vía el aumento del
gasto público en el sector, proteger a las organizaciones campesinas
y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio
para hacerlo más equitativo.
En participación política su análisis arranca de que el proceso de
transición a la democracia en el país quedó trunco con el “fraude”
de 2006 y propone una Ley de Participación Ciudadana que induzca en
la ley las figuras de consulta directa a la ciudadanía, tales como
la revocación de mandato, el referéndum y el plebiscito.
Llama la atención su propuesta de crear el Consejo Autónomo
Ciudadano de la Comunicación que vigile a los medios, dictamine
sobre concesiones y haga recomendaciones sobre su comportamiento
para que cumplan con su servicio público y el derecho de réplica. El
tema es polémico, en tanto compromete garantías constitucionales
como las de libre expresión y manifestación de las ideas. Es
evidente la mano de Andrés Manuel López Obrador —artífice y nuevo
líder moral de esta coalición—, pues todas son acciones que él ha
sugerido, tras sus constantes diferendos con la prensa y las
televisoras.
Una aparente minucia: en su objetivo 182 se pronuncia por el aborto
legal, pero al momento de leer con detalle el párrafo se hace
énfasis en que lo propone no como un derecho universal, sino sólo
para garantizar condiciones seguras en los casos que las actuales
leyes lo permiten. No va más allá, como por ejemplo hizo el PRD del
DF.
En general, la plataforma se mantiene en la normalidad de un
discurso crítico, pero no radical; firme en materia petrolera y en
la rectoría económica del Estado, pero sin llamados fuera de la
racionalidad política. Eso, claro, en el papel.
alejandro.jimenez@eluniversal.com.mx
