La captura de Pemex
Fuente:
CNEE-sur.net
(14/09/09)
• Irma Eréndira
Sandoval*
La llegada a Petróleos Mexicanos de Juan José Suárez Coppel, quien
hasta hace poco fue vicepresidente de finanzas del Grupo Modelo,
tesorero corporativo de Televisa, y director de derivados de
Banamex, instala una situación de franca captura” en nuestra
paraestatal. La “captura del Estado” es una manifestación
estructural de la corrupción que implica la institucionalización de
los conflictos de interés y la determinación de normas y políticas
de gestión estatal por parte de poderosos grupos económicos. Esto
muchas veces se reviste de legalidad procedimental pero, como en
todo caso de corrupción, auspicia la desviación de recursos públicos
para servir intereses privados.
Hace menos de un año, Suárez Coppel fue rechazado por todas las
fuerzas políticas como consejero profesional en el consejo de
administración debido a su cercanía con Francisco Gil Díaz y las
graves acusaciones de corrupción que existen en su contra. Desde sus
tiempos como director de finanzas de Pemex, el nuevo director
general destacó por haber asignado sin que mediara proceso de
licitación alguno más de una treintena de contratos millonarios que
beneficiaron a consultores vinculados al poder y a empresas
trasnacionales como Oceanografía, Blue Marine, Pricewaterhouse
Coopers y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, entre otras.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la
Secretaría de la Función Pública han señalado que Suárez Coppel está
implicado en una poderosa red de tráfico de influencias operando en
el interior de Pemex, que incluye entre otros al actual director de
Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, quien destacó por
haber defendido la “legalidad” de los contratos celebrados con la
empresa Ivancar, de la familia Mouriño.
Otros participantes de esta red de complicidades son también el
actual senador panista Juan Bueno Torio, quien debido a su cercanía
con Martha Sahagún y los hermanos Bribiesca Sahagún fue premiado con
el jugoso cargo de director de Pemex Refinación entre 2003 y 2006;
Pedro Carlos Gómez Flores, ex subdirector de almacenamiento y
distribución de la paraestatal; los mismos predecesores de Suárez
Coppel en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox: Rogelio
Montemayor Seguy, Luis Ramírez Corzo, y el mismo señor Pemexgate
Raúl Muñoz Leos, quien de acuerdo con los informes de la ASF provocó
un quebranto a la paraestatal por más de mil 700 millones de pesos.
Además de estas historias de corrupción e impunidad que manchan la
trayectoria del nuevo funcionario, tampoco puede aducirse que Suárez
Coppel sea muy eficaz en el manejo de las variables financieras.
Como director de derivados de Banamex provocó pérdidas millonarias
al banco hoy controlado por Citibank. Asimismo, como director de
finanzas de Pemex fue el responsable del fracaso de la inversión en
un fondo que supuestamente buscaba inversiones con fines ambientales
manejado por el North America Environmental Fund y el Environmental
Organizational Partnership, que dejó pérdidas por más de 3 millones
de dólares.
Habría que recordar que la reforma a Pemex del año pasado de ninguna
manera cancela la posibilidad de conflictos de interés, ni aleja las
tendencias privatizadoras. La nueva Ley de Petróleos Mexicanos crea
un régimen de excepción que de manera anticonstitucional excluye al
Congreso de la Unión de la vigilancia de las adquisiciones más
importantes de la empresa. Ni la Ley de Adquisiciones, ni la Ley de
Obras Públicas se aplican para las compras en las “áreas
sustantivas” de la paraestatal. Asimismo, el artículo 57 de la Ley
de Pemex permite la utilización de figuras como la “adjudicación
directa” y la “invitación restringida” para una serie de rubros
clave como, por ejemplo, todos los “servicios de estudios de
ingeniería, servicios de consultoría, estudios, asesorías,
investigaciones y capacitación”.
El colofón es que todavía hoy Pemex no ha implementado la nueva ley
en la materia, sino que sigue operando bajo las reglas aún más laxas
para compras contenidas en la ley anterior. Las autoridades
simplemente se han negado a aprobar la nueva reglamentación en la
materia, lo que abre un gran margen de discrecionalidad que
seguramente será aprovechado por el nuevo director general y su
amplia red de amigos y cómplices.
Con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública la tarea
de vigilancia de la paraestatal será aún más difícil. La única tenue
esperanza se encuentra en los nuevos “consejeros profesionales”. En
particular, habría que seguir muy de cerca el desempeño de los
comités del consejo de administración en materia de transparencia y
rendición de cuentas; adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios; y auditoría y evaluación del desempeño. Hasta la fecha
estos comités han hecho muy poco para transformar el modus operandi
de la empresa, pero si existiera voluntad y determinación de parte
de los consejeros ellos tendrían la posibilidad de cambiar las
cosas. Hoy más que nunca tendrían que recordar que son
representantes de la ciudadanía y rechazar la tentación de fungir
como escuderos de los poderes fácticos y el Poder Ejecutivo.
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y
coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la
Transparencia y la Corrupción, de la UNAM; irma.sandoval@unam.mx
