Tributos
Fuente:
CNEE-sur.net
(28/09/09)
• León Bendesky
Los impuestos son precisamente eso. Se imponen sobre alguien por
parte del gobierno. Son compulsivos, aunque no tienen por qué ser
equitativos. No somos contribuyentes en un sentido literal del
término, sino tributarios.
Pagar impuestos constituye una de las relaciones más conflictivas
entre los ciudadanos y quienes los gobiernan. Entrañan la esencia de
las relaciones de poder en una sociedad.
Los impuestos sobre las ventas o sobre el valor agregado son
directos, los pagan todos a la misma tasa. Los que se aplican sobre
el ingreso o la renta suelen ser diferenciados por estrato, son
indirectos, hay posibilidad de deducir parte de ellos, tienen
algunos regímenes especiales que generan desigualdades. Y pueden
también eludirse o evadirse.
La propuesta fiscal del gobierno para 2010 contiene varios cambios
al régimen de los impuestos. Se recarga el peso sobre la venta de
todos los productos. El 2 por ciento disfrazado de ayuda a los
pobres que es equivalente al incremento del impuesto al valor
agregado que ya se paga. Las mayores tasas sobre ciertos productos
como cerveza y tabaco y sobre el impuesto sobre la renta.
Está la iniciativa de modificar la consolidación fiscal de los
grupos empresariales. Todo esto es una parte clave de la ley de
ingresos del nuevo presupuesto y hay otras más.
La situación que prevalece en la economía mexicana expresa algunas
condiciones que ya se han discutido, algunas de ellas durante mucho
tiempo. De manera inmediata resalta el carácter contractivo de las
medidas fiscales propuestas, en medio de una profunda recesión.
Pero en el fondo de la propuesta fiscal que está en manos del
Congreso hay una cuestión grave. La capacidad coercitiva del
gobierno para imponer un pago sobre los ciudadanos solo puede
legitimarse social y políticamente cuando hay una contraprestación
efectiva para quien paga.
Es, en el fondo, parte clave del contrato social que existe en un
momento dado y por lo tanto, de la posibilidad efectiva de la vida
colectiva.
El gobierno no puede renunciar a su parte en el contrato, so pena de
aislarse cada vez más de su base social y contribuir, así, a las
tensiones entre distintos grupos.
La tributación de la que somos objeto los ciudadanos en nuestro
papel de trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores,
inversionistas es un elemento básico de la credibilidad de las
políticas públicas. Y, dicha credibilidad solamente puede cimentarse
en la parte que tiene en ese pacto el propio gobierno.
En este terreno la deficiencia es enorme. La parte que cumple el
gobierno es cada vez más pobre y ahora ya casi imposible de
defender. Lo pone cada vez más en evidencia ante los gobernados.
Los gobiernos del PAN que supuestamente representarían un cambio con
respecto al desgaste histórico y total del PRI, y ello aun cuando se
refuerce electoralmente, han sido sumamente destructivos en cuanto a
cumplir su lado del pacto tributario.
Un caso obvio es, sin duda, el del petróleo. Los muy abundantes
excedentes petroleros generados en el tiempo de Vicente Fox y aun al
inicio del gobierno de Calderón no dejaron ni un rastro. No hay
quien diga dónde fueron a parar; nadie rinde cuentas.
Hoy Pemex es un desastre, o más bien, sigue siendo un desastre.
Produce menos, exporta menos, funciona mal, pierde dinero. Es una
muestra fehaciente de la incapacidad de gestión gubernamental o de
su voluntad política para arreglarla. Los socios de la empresa Pemex;
es decir, y sin ambages, los ciudadanos, son en efecto defraudados
no sólo legal sino financieramente por quienes la administran.
Ese es síntoma claro de la ineficiencia fiscal. Pero el padecimiento
del Estado es general y se reproduce de un gobierno al otro y ya
durante décadas. El arreglo actual es insostenible e incluye el
entramado de privilegios que está incrustado en el desorden político
que vive el país.
Las cuentas de la ineficiencia gubernamental y de dicho entramado se
pasan recurrentemente a una sociedad debilitada y agraviada. Así
ocurrió cuando Zedillo gestionó la deuda del Fobaproa durante el
oneroso rescate bancario que se extiende hasta ahora. Así se quiere
que pase otra vez, trasladando una nueva factura a la gente sin nada
a cambio.
Si el gobierno cree que es un buen momento para aplicar más
impuestos, tal y como sostiene su propuesta presupuestal, debería
igualmente en un acto de mínima congruencia, plantear las cosas a
fondo en cuanto a una reestructuración de su funcionamiento.
Esto debería abarcar toda la estructura del gasto público y de su
correspondencia con los ingresos y la efectividad del cobro de los
impuestos. Debe contemplar la manera en que se administran las
empresas públicas, la relación con los sindicatos de Estado, los
servicios que se ofrecen y la fijación de los precios.
Todo esto está ausente de la propuesta. Por eso llama la atención
que el secretario Carstens diga sin tapujos que el 2 por ciento de
incremento del impuesto a las ventas “llegó para quedarse”.
¿Qué ofrece el gobierno a cambio? ¿En qué sustenta la credibilidad
de la política pública que nos pone enfrente? ¿Qué confianza pueden
tener los ciudadanos en el Congreso que debe legislar el presupuesto
en el marco de la frágil e incompleta democracia que tenemos? El
fisco es finalmente también parte de la democracia.
leon@jornada.com.mx
